La crisis

Luis Javier Garrido

El país está al borde de que se consume una ruptura del orden constitucional, de llegar Felipe Calderón a la silla presidencial, pero también se halla ante las posibilidades de un cambio real como nunca antes en su historia reciente.

1. El fallo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección presidencial hecho público el martes 5 y que, como ya se había filtrado, resultó contrario a lo que disponen la Constitución y las leyes, pues haciendo a un lado las evidencias descomunales del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Vicente Fox contra el pueblo mexicano, pretende avalar la imposición de Felipe Calderón, el candidato que perdió en las urnas, ha roto el orden constitucional del país, pero no podrá alcanzar sus objetivo políticos, pues se está ya revirtiendo por sus despropósitos contra los indignos magistrados, contra el tribunal y contra todas las instituciones del régimen, dejando a Calderón sin más posibilidad que la de convertirse en un gobernante de facto.

2. La vergonzosa decisión tomada contra la razón y el derecho, y que fue anunciada por los siete magistrados de la Sala Superior encabezados por Leonel Castillo, calificados ya con justicia como corruptos en todos los ámbitos del país, al igual que lo fueron aquellos "siete cárdenos" de los años 20, no puede legalizar una imposición ni legitimar a nadie porque el pueblo sabe bien lo que ha pasado y cuál es el nivel de credibilidad de esas instancias del poder político. Y sí está logrando, por el contrario, hundir aún más en la ilegalidad y en el descrédito a las instituciones públicas, a las que a fuerza de utilizarlas para satisfacer sus ambiciones e intereses privados y de grupo, Fox ha llevado al más absoluto descrédito: desde la Presidencia de la República hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por la PGR, el IFE y ahora el tribunal electoral, sin olvidar a las fuerzas armadas.

3. El Ejército, por ejemplo, al que Fox en vano ha pretendido homenajear en este mes de septiembre, ha sido llevado a su vez a su mayor descrédito por el gobierno actual. En julio se supo que la DEA estadunidense, que opera impunemente en territorio mexicano, había detenido a un capo de la familia Arellano Félix, dejando al Ejército Mexicano en el más absoluto ridículo, y en septiembre se ha sabido que Fox y Calderón, que disponen ya del Estado Mayor Presidencial y de la PFP, están creando un grupo paramilitar para el próximo sexenio, dejando de nuevo en el ridículo a las fuerzas armadas, relegadas al papel de servir a Calderón para permitirle seguir entregando al extranjero el patrimonio nacional.

4. El acto por el cual Vicente Fox, ex vendedor de Coca-Cola, utilizó al más alto tribunal en materia político-electoral para pretender legitimar en contra de la Constitución el fraude que él organizó e imponer a su sucesor, quebranta la legalidad constitucional y hace además inviable en un régimen de derecho el ejercicio de la función presidencial por un individuo que no sustenta su cargo en los fundamentos representativos y democráticos que son inherentes al mismo, de manera que el pueblo, en libre ejercicio de su potestad soberana, puede conforme al marco constitucional desconocerlo y oponerse a él por todos los medios. Y ello no por el hecho de que, como se sabe, Felipe Calderón Hinojosa es un presunto delincuente del orden común que como secretario de Energía, en abierto tráfico de influencias entregó contratos ilegales a su cuñado; de que actuó en el proceso como un vulgar mapache electoral, o de que es un pelele de Carlos Salinas, sino por la ilegitimidad que tiene.

5. Los jefes de Estado y de gobierno de otros países, en un ritual burocrático de cajón podrán "felicitar" al supuesto nuevo gobernante, como lo hacen en cualquier caso, al igual que lo hará aquí el "tropel de búfalos" de los oportunistas de siempre, pero en el México real las cosas van a ser muy diferentes. En la convención nacional democrática a la que ha convocado Andrés Manuel López Obrador para el 16 de septiembre, millones de mexicanos van a rechazar a Calderón y a abrir un nuevo escenario de esperanzas para el país.

6. La decisión de Fox de imponer a su sucesor por la vía del descomunal fraude que organizara desde Los Pinos, y que no ha podido ser ocultado ni mucho menos podrá ser legitimado por "las instituciones" ni por los medios, ha quebrantado el incipiente orden constitucional mexicano y está abriendo una crisis política cuyas dimensiones no hacen sino crecer, pues las instituciones políticas y los medios masivos de comunicación, que han sido los mecanismos tradicionales de dominación y de control del pueblo, se están hundiendo en el más absoluto descrédito.

7. La campaña durante los 64 días siguientes al 2 de julio tratando de imponer la creencia de que Calderón ganó la elección ha fracasado de manera rotunda y no ha logrado más que confirmar las dimensiones del fraude. El operativo propagandístico, que en sus inicios insistía en que México vive el esplendor de una "transición democrática", se transformó ante su fracaso en otra campaña no menos fallida en la que se reconocían "irregularidades" pero se proclamaba que éstas eran el producto de las inercias del pasado y que no fueron significativas, y con esto no se ha hecho más que exacerbar el encono, dejándose a la mayoría de los medios sin credibilidad.

8. La retórica oficial sobre "las instituciones" se está desmoronando, pues no se sustenta en nada cuando en el régimen actual éstas sirven a fines privados y no a intereses públicos. Cuando Joaquín López Dóriga, locutor de Televisa, le preguntaba a Calderón el martes 5 sobre los señalamientos de un fraude orquestado desde Los Pinos y su carácter de "espurio", Calderón balbuceante se negó a responder y se refugió una vez más en las instituciones: el tribunal electoral, que es la más alta institución -reiteró-, "ha dicho que yo gané".

9. Los enriquecidos y amedrentados magistrados de la Sala Superior no tienen ni la más lejana idea de lo que han hecho ni de la trascendencia histórica de la cínica decisión que asumieron y que rezuma un enorme desprecio a la legalidad. Este fallo, carente del mínimo sustento jurídico, en vez de crear las condiciones para permitirle a la ultraderecha enquistarse en el poder económico y político por seis años más, como ellos lo pretendían, lo que va a lograr es, por el contrario, abrir enormes posibilidades para el cambio político y económico en México.

10. Al quebrantarse de manera tan flagrante el orden constitucional, el pueblo tiene el legítimo derecho de rechazar esa decisión, de desconocer a un gobernante espurio como Felipe Calderón, así como a las autoridades de facto que se pretende instalar el primero de diciembre, y de impulsar otra forma de organización política a fin de rescatar a la nación. Y lo va a empezar a hacer sin duda el 16 de septiembre.