El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el fraude cometido en las casillas electorales por medio de la inyección de votos espurios. Su decisión es ilegal porque incluyó en el cómputo miles de votos fraudulentos. No es cierto que esta resolución sea legal sólo porque la dicta un tribunal. Está fuera del marco de la ley porque contradice lo que señala la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la propia jurisprudencia del tribunal. Este validó los votos sobrantes que exceden al número de votantes que aparecen en la lista nominal, con el argumento de que no alteran el resultado final de la casilla correspondiente. Al analizar las irregularidades por separado, el tribunal burla los principios de objetividad y certeza porque pretende ignorar que las irregularidades en su conjunto, por pequeñas que sean, invierten, voltean, cambian el resultado del ganador de la contienda, toda vez que la supuesta diferencia es de menos de dos votos por casilla. Esta decisión es inadmisible moral, política, histórica y jurídicamente.
Frente a la resolución ilegal del TEPJF, la respuesta inmediata de la resistencia civil y pacífica será la convención nacional democrática. La convención será la representación del pueblo en resistencia y tendrá que decidir el rumbo del movimiento y el futuro político de México. Se han puesto a discusión un conjunto de alternativas entre las que decidirá la propia convención. Por ejemplo, tendrá que decidirse si se forma un gobierno de la República o una coordinación nacional de la resistencia civil pacífica. Esto implica también decidir si se reconoce a un presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos o si la convención elige a un jefe de gobierno en resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un coordinador nacional de la resistencia civil pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.
Considero que la convención nacional democrática debe nombrar a un presidente de la República en resistencia. La convención puede, como representación de la soberanía popular, entrar al fondo de las irregularidades que el TEPJF no resolvió, aprobar un dictamen, y en consecuencia declarar presidente de la República. No se trata de que la convención elija a un presidente. El pueblo de México ya eligió un presidente el pasado 2 de julio. Se trata de que la convención haga una declaratoria basada en la ley, en virtud de que tanto el IFE como el TEPJF renunciaron a cumplir la legalidad.
Formar una coordinación nacional para la resistencia no aportaría un hecho nuevo. En los hechos, ya hay una coordinación para la resistencia. Formalizarla podría interpretarse como la redición de otras experiencias o como la admisión de que la imposición se ha consumado y sólo resta resistirla. El movimiento tiene que ir mucho más allá esta vez y explorar caminos inéditos en la lucha política contemporánea.
Formar un gobierno paralelo, reconocer a un presidente legítimo o declarar un presidente de la República en resistencia significa un camino nuevo, pero no exento de antecedentes históricos parecidos. Ya en el siglo XIX, mientras los conservadores por medio de un golpe imponían un presidente ilegítimo en Palacio Nacional, Benito Juárez recorría el país como presidente legítimo, constitucional, de México. El episodio se repitió cuando los conservadores trajeron a Maximiliano de Habsburgo como emperador y Juárez volvió e recorrer el país. Las Leyes de Reforma fueron decretadas por Juárez en su primer recorrido por el país como presidente legítimo, mientras en Palacio Nacional estaban los conservadores. También ya la soberana Convención de Aguascalientes nombró presidentes de la República para resolver el vacío de poder derivado de la lucha contra la usurpación de Victoriano Huerta. En épocas más recientes, Manuel J. Clouthier formó un gabinete paralelo luego del fraude electoral de 1988. Después, en 1994, el movimiento democrático declaró a Amado Avendaño gobernador en rebeldía en el estado de Chiapas, ante el fraude electoral que el PRI realizó. Ya en este sexenio los zapatistas formaron las juntas de buen gobierno en Chiapas, y apenas este año se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Todos estos son ejemplos de la dualidad de poderes que se ha dado en momentos extraordinarios y con diferentes resultados en la historia nacional o regional de México.
La resolución del TEPJF no consuma el fraude electoral. Y la resistencia civil con un presidente legítimo de México a la cabeza puede lograr el restablecimiento del orden constitucional. Los mexicanos votaron para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México y ese es el desafío que tendrá que emprender la convención nacional democrática.
La historia de México da cuenta de diversos fraudes e imposiciones evitadas. Precisamente en 1991, Vicente Fox llamó a no acatar los fallos de los órganos electorales de Guanajuato: Comisión Electoral, Colegio Electoral y Tribunal Electoral, que declaraban triunfador y gobernador electo a Ramón Aguirre. Fox y su gente tomaron el aeropuerto y estrangularon carreteras como acciones de resistencia civil y lograron que Ramón Aguirre no se presentara a rendir protesta como gobernador de Guanajuato. Ese mismo año, la resistencia civil en San Luis Potosí, encabezada por el doctor Salvador Nava, impidió la entrada de Fausto Zapata al palacio de gobierno de San Luis Potosí por medio de un sentón de cientos de mujeres potosinas. Un año más tarde, en 1992, se consumó un fraude electoral en Michoacán, para despojar de su triunfo a Cristóbal Arias e imponer al candidato del PRI a la gubernatura, Eduardo Villaseñor, quien tomó posesión del cargo, lo ejerció durante algunos meses y después renunció por la presión de las movilizaciones. Si hay decisión de los dirigentes y respuesta del pueblo, Felipe Calderón no llegará a tomar posesión del cargo de presidente de la República o en el camino quedará como un presidente patito, rebasado por la realidad política de México.
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