Los Fox: Otro intento de despojo

Nota original:

SAN CRISTÓBAL, GTO.- Un grupo de propietarios de las parcelas que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) pretende asignar al presidente Vicente Fox y su familia, presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del XI Distrito para revertir la decisión de las autoridades.

Asesorados por la Confederación Nacional Campesina (CNC), los campesinos denunciaron que el pasado 3 de mayo, en una asamblea ejidal plagada de irregularidades –en donde estuvieron elementos del Estado Mayor Presidencial–, las autoridades de la SRA determinaron que los terrenos en los cuales se ubica la Congeladora San José, propiedad de Juan Pablo Fox Quesada, así como la presa y otras áreas de riego ocupadas por el presidente y sus hermanos, quedarían definitivamente dentro de la propiedad de los Fox.

Encabezados por el regidor de San Francisco del Rincón, el perredista José Guadalupe Cruz Pacheco, los 51 ejidatarios aducen que la resolución original, mediante la cual obtuvieron la titularidad de esos predios, data de 1937. Sin embargo, las autoridades agrarias federales intentan aplicar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), con lo cual el fundo legal de San Cristóbal –que es parte del caserío que dio origen al poblado–, quedaría como parte de la “pequeña propiedad” de la familia Fox.

Los abogados de la CNC que apoyan al grupo inconforme critican al mandatario porque, aseguran, pretende donar ese predio o entregarlo a la comunidad “como si fuera una obra de caridad”. Esto es una ilegalidad, dicen, aunque así lo haya hecho en otros casos la Reforma Agraria. “El fundo legal es el origen de los ejidos, y es intocable. Y el Procede no debería modificar una resolución presidencial”, insisten los abogados de la CNC.

El grupo de ejidatarios también dirigió un escrito al titular de la Contraloría de la Procuraduría Agraria en el que denuncia las actuaciones del delegado Juan Antonio de León Torres; el visitador agrario Ezequiel Sánchez Gutiérrez, y el jefe de residencia, Alfredo Díaz Barbosa.

Los ejidatarios relatan que esos funcionarios no contemplaron la medición correcta de los predios, marcada en la resolución presidencial de 1937 y que está en el plano que aprobó el cuerpo consultivo agrario en 1946. Tampoco respetaron el amparo 449/1989 otorgado a favor del ejido en el que se ordena que el deslinde se cumpla conforme al plano de 1946 (y no a partir de un plano modificado que beneficia a los Fox).

Además, dicen los ejidatarios en su escrito, los planos de este nuevo deslinde de Procede no fueron exhibidos durante 30 días previos a la asamblea del 2 de mayo, como lo indica la normatividad en la materia. Por el contrario, convocaron a la fuerza pública, incluyendo a elementos de Seguridad del estado, policías ministeriales y colocaron vallas del Estado Mayor Presidencial para impedir el acceso de los inconformes a la asamblea del 3 de mayo.



Deslinde amañado



A través de sus abogados, los 51 ejidatarios le piden al Tribunal Agrario que se les respete la posesión de 200 hectáreas, y aseguran que “es evidente que la asamblea del 3 de mayo fue manipulada por los funcionarios de la Procuraduría Agraria.

“Con el Procede –agregan–, hacen un deslinde tomando en cuenta un plano posterior al de 1946 que, de entrada, no atiende cabalmente lo establecido en la resolución presidencial ni en el caminamiento original”, que debería ser una prueba plena para devolver al ejido predios como la presa y otras tierras de riego.

El alcalde Cruz Pacheco asegura que dicho caminamiento es la primera medición de campo que se efectúa sobre lo decretado en una resolución presidencial. “Es el primer acto material sobre la tierra afectada, sin distorsionar la resolución. Son los planos posteriores los que suelen registrar cambios amañados por los grandes propietarios”.

Entre los documentos que presentaron los ejidatarios en su demanda se encuentra un antiguo plano que fue elaborado “con base en la resolución presidencial de fecha 20 de octubre de 1937”, mediante el que buscan demostrar que esas tierras se entregaron definitivamente al poblado, y sostienen que con el acta de deslinde y amojonamiento del 19 de febrero de 2002 –que modifica el trazo del primer plano– las autoridades agrarias nuevamente recurren a un documento que favorece a la familia Fox Quesada.

Insisten en que este deslinde se realizó cuando Vicente Fox estaba ya en la Presidencia de la República, y se hizo en presencia del entonces delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Javier Cañada Melesio; del visitador Raymundo Nava, y de José Luis Fox Quesada –quien declaró que su presencia obedecía a su calidad de propietario de las tierras colindantes con el ejido–, así como de representantes de los ejidatarios inconformes, quienes se negaron a firmar el acta en aquella ocasión. De hecho, José Luis Fox tampoco lo hizo, fue Gumaro Martínez Pérez quien lo hizo en su representación.

Los asesores de la CNC aducen que “es absurdo que a los Fox se les hayan negado varios amparos y a pesar de ello hayan obtenido certificados de inafectabilidad. Claro, para ello contaron con el apoyo de la embajada de Estados Unidos y de funcionarios del gobierno federal. Ahora, a ver cómo atienden un asunto que lleva un interés personal para el presidente”.

Hace varias décadas, José Luis Fox Pont, padre de los Fox, no solamente obtuvo apoyo de la embajada estadunidense para estos efectos. También para aplazar el pago de contribuciones requerido por la oficina de rentas de San Francisco del Rincón, como lo refiere el oficio número 8617 fechado el 28 de diciembre de 1940, dirigido al delegado del Departamento Agrario y firmado por el administrador general de la referida oficina, Francisco Álvarez Jr., en el que este funcionario informa lo siguiente:

El señor José L. Fox Jr. (apartado no. 34, León, Gto.) en carta que dirige a esta oficina, dice lo siguiente: “Me han comunicado que usted ha llamado por teléfono recordando del pago de las contribuciones. El 29 de octubre p.p. los ejidatarios de San Cristóbal y El Desagüe obtuvieron una orden para que se les dieran tierras “donde ellos quisieran” de lo que fue la hacienda de San Cristóbal. Dado que esa orden era contra toda razón, pues los ejidos están dados en planos aprobados y en las fracciones que nos quedaron tenemos certificados, entrevistamos al C. Gobernador del Estado y fuimos a la Embajada Americana en México, gracias a lo cual logramos que dicha orden no se llevara a cabo.

El Ing. González, de la Brigada Agraria en León, estuvo aquí los días 16 y 17 del presente para llevar a cabo el deslinde definitivamente, el cual no se llevó a cabo por oposición de los ejidatarios, como ya en ocasiones anteriores ha sucedido. Estando en situación tan anormal no me conviene como vulgarmente se dice “meter dinero bueno al malo” y ese es el motivo por el que no les he remitido las contribuciones. Si ustedes me hicieran favor de escribir a Guanajuato haciendo ver la necesidad del deslinde, pues así pagaría puntualmente las contribuciones, se los agradecería…

Esta carta se encuentra entre los documentos entregados por el líder de la Alianza Braceroproa, Ventura Gutiérrez, al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, como parte de un paquete de actas y testimoniales que presentó para solicitar una investigación que aclare la nacionalidad del padre del presidente Vicente Fox Quesada, ante los datos contradictorios asentados en los documentos oficiales de José Luis Fox Pont y de sus hijos, que dejan abierta la posibilidad de que los padres del presidente hubieran conservado su nacionalidad extranjera. Por consiguiente, Vicente Fox habría incumplido el requisito constitucional establecido para ostentar el cargo de presidente de la República.



Las presiones



Mientras tanto, los ejidatarios de San Cristóbal decidieron acudir ante el tribunal, independientemente de las mesas de trabajo que sostenían con funcionarios de la SRA, en virtud de que consideran tener a salvo su derecho de proceder por la vía de la justicia agraria, a pesar de que una de las condiciones para apoyarlos financieramente en proyectos productivos –oferta que les hizo la dependencia los días previos a los comicios del 2 de julio– era precisamente que renunciaran a cualquier posibilidad de establecer un litigio en contra de los Fox.

Actualmente, estas negociaciones se encuentran suspendidas.

Copias de la demanda interpuesta ante el Tribunal Agrario del XI Distrito –el único que existe en la entidad– fueron enviadas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Departamento de Derechos Humanos, Justicia y Desarrollo de los Pueblos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A fines de agosto pasado, los ejidatarios presentaron sus denuncias en forma individual porque así se los exigió el magistrado del Tribunal Agrario, sin embargo le pidieron por escrito que, como medida precautoria, ordenara que no se imprimieran los certificados parcelarios en el Registro Agrario, petición que fue rechazada.

Para colmo, el tribunal –cuyo titular es el magistrado Heriberto Leyva García– extravió cinco de los 51 expedientes que presentaron los denunciantes, además de que en un tercer intento declaró improcedentes los motivos expuestos por los demandantes.

En su desesperación, los ejidatarios solicitaron al magistrado que se declarara incompetente para conocer del proceso, “porque también se está prestando a los intereses de los Fox y está utilizando a las instituciones”. Además, le pidieron a Leyva García que turnara el caso al Tribunal Superior Agrario, con la esperanza de que en esa instancia no existan presiones que pudieran interferir en la resolución de su caso.

En respuesta, el magistrado advirtió a los ejidatarios que podrían hacerse acreedores a una multa de 500 pesos por “hacer diversas manifestaciones con las que dejan ver su notoria rebeldía a cumplir con lo prevenido por este tribunal, incluso dirigiéndose de manera incorrecta al suscrito juzgador…”.

Los ánimos se caldean cada vez más entre los ejidatarios de San Cristóbal, ya hubo un enfrentamiento a golpes hace unas semanas entre el regidor Cruz Pacheco y un integrante del Estado Mayor Presidencial, quien amenazó de muerte al alcalde.

Así mismo, tanto el presidente de la comisión auxiliar del ejido, Raúl Vallejo, como el delegado Lidio Ruiz Romero y su hermano Atanasio, presidente del comisariado, han sido denunciados por servirse de la fuerza pública y por recurrir a personal de la Secretaría de Gobierno del estado “para intimidarnos y despojarnos de nuestras parcelas… sin ninguna orden judicial ni administrativa, menos de amparo, nos han pedido que desalojemos nuestros predios…”, dicen los ejidatarios.

Los representantes del comisariado ejidal son apoyados permanentemente por fuerzas policiacas estatales y municipales, así como de elementos del Estado Mayor Presidencial destacados en el rancho San Cristóbal, quienes vigilan permanentemente los predios del grupo inconforme. ?